SITUACION SOCIO AMBIENTAL

marcada por la declaración de la emergencia comercial, la caída del consumo y la parálisis de la obra pública habitacional. Ante este panorama de recesión, el municipio implementó medidas de alivio fiscal drásticas y busca una histórica autonomía política para paliar la crisis productiva.Crisis comercial y alivio impositivoLa caída generalizada de las ventas y el aumento en los costos operativos impactaron fuertemente en el entramado comercial local.Emergencia comercial: El intendente Francisco Echarren decretó formalmente la emergencia en el sector comercial para mitigar el cierre masivo de locales.Exención de tasas: El municipio activó el programa "Defender Nuestro Comercio Local", eximiendo del pago de tasas municipales al 80% de los comercios de la ciudad.Impacto en el empleo: La baja actividad en los comercios de cercanía y pequeñas empresas resiente de forma directa la generación de empleo en el distrito.Frenazo en la vivienda y desfinanciamientoUno de los golpes más duros para la economía y la contención social en Castelli se dio en el sector habitacional.Obra pública paralizada: Tras la eliminación de los programas nacionales de vivienda, proyectos clave como el Desarrollo Urbanístico ProCreAr y el Barrio "Juan Carlos Zocchi" quedaron completamente interrumpidos.Cancelación de preadjudicaciones: El municipio comunicó oficialmente la imposibilidad financiera de asumir la finalización de estas construcciones por su cuenta, dejando sin efecto las preadjudicaciones a las familias locales.La búsqueda de autonomía como salida institucionalFrente a las dificultades para sostener los servicios y promover el desarrollo local con recursos corrientes, Castelli impulsó una fuerte reforma política:Primera Carta Orgánica: El Concejo Deliberante respaldó el proyecto para redactar una Carta Orgánica propia, buscando independizarse de las limitaciones de la histórica Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia.Objetivo de autogobierno: Con esta medida judicializada ante la Corte Suprema, el municipio pretende adquirir autonomía plena para legislar sobre el uso del suelo, el régimen tributario y la autogestión de recursos, intentando blindar la economía local ante las políticas macroeconómicas nacionales.